BUENOS AIRES.- Casi un mes después del informe de la presidenta, Cristina Fernández, sobre Papel Prensa, el Gobierno presentó una denuncia penal en la Justicia para que se investigue si se cometieron crímenes de lesa humanidad de parte de funcionarios de la dictadura y de directivos de los diarios "Clarín", "La Nación" y "La Razón", en el marco de la compra de acciones de esa compañía.
La presentación de la Secretaría de Derechos Humanos, como querellante, reclama al juez federal de La Plata, Arnaldo Corazza que investigue los delitos de asociación ilícita calificada, extorsión, privación ilegal de la libertad calificada, torturas -en un caso seguidas de muerte- y vejaciones, conductas constitutivas de delitos de lesa humanidad.
El Gobierno solicitó las indagatorias del dictador Jorge Rafael Videla; del jerarca de la Marina y ex miembro de la Junta Militar, Emilio Eduardo Massera (declarado inhábil mental por la Justicia), del ex ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz y del ex secretario de Desarrollo Industrial, Raymundo Pío Podestá, quienes habrían obligado a los integrantes del "Grupo Graiver" -propietario de Papel Prensa SA- a transferir sus acciones a los tres diarios.
"Partícipes necesarios"
Además se pidió que se cite como "partícipes necesarios de la maniobra a quienes resultaron beneficiarios de la misma, los ex directivos de los mencionados periódicos y de Fapel SA". Se menciona a Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Sergio José Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Fernando Peralta Ramos".
En un escrito de unas 200 páginas, la secretaría que conduce Eduardo Luis Duhalde relató los tormentos sufridos por los integrantes del "Grupo Graiver" y advirtió que "estos hechos no pueden desagregarse de la operación de Papel Prensa. (DyN)